Yeni Berenice plantea que medidas de coerción deben seguir iguales en caso Antipulpo

La procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Berenice Reynoso, dijo este lunes que la defensa de los imputados del caso Antipulpo, durante el proceso, han basado sus argumentos en temas de salud sin presentar ningún tipo de certificación médica de sus defendidos.

“Hoy los imputados que tuvieron energía para distraer fondos públicos vienen al tribunal a decir prácticamente que no están en condiciones de salud, de poder dar respuestas ante la justicia”, declaró.

Aseguró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y sus actuaciones procesales certifican que deben permanecer sin variación las medidas de coerción impuestas a los imputados del caso Antipulpo.

“Las imputaciones que hizo el Ministerio Público desde la medida de coerción, que se mantuvieron en apelación, más los elementos nuevos que presentó, sencillamente, han resultado impenetrables para la defensa”, manifestó.

Insistió en que a la defensa de los imputados se le ha imposibilitado en derecho, contestar los hechos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Reynoso respondió preguntas de la prensa tras concluir la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción, presidida por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu.

El la decisión fue aplazado para el próximo viernes 12 de marzo, a las 3:00 de la tarde.

La procuradora adjunta encabeza, junto al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, el equipo de fiscales litigantes que representa al Ministerio Público en la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas que inició el pasado 1 de marzo.

El Ministerio Público procura que Martínez Abreu ratifique la prisión preventiva que le impuso en diciembre pasado el entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, al imputado Juan Alexis Medina Sánchez.

De acuerdo a la acusación, Alexis Medina, principal imputado de dirigir el entramado de corrupción, se enriqueció a costa de los recursos de los contribuyentes, valiéndose de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020).

El órgano a cargo de la investigación también pidió que sea ratificada la prisión preventiva a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y a José Dolores Santana Carmona, imputados como presuntos testaferros de Alexis Medina.

Desde el pasado mes de diciembre el grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Igualmente, solicitó que se mantenga el arresto domiciliario por tres meses impuesto a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y a Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública.

Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar en diciembre pasado una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.

El Ministerio Público solicitó también que sea confirmado el arresto domiciliario e impedimento de salida del país impuesto a Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y la presentación periódica impuesta al encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz.

La procuradora adjunta Reynoso declaró que en esta etapa de revisión le hicieron referencia al magistrado que presidió la audiencia sobre las nuevas pruebas y sobre las evidencias que tiene el Ministerio Público que demuestran que los imputados se vinculan de manera estrecha con la investigación que llevó al allanamiento en la Cámara de Cuentas, ya que tuvieron incidencia para que auditorías fueran “maquilladas” en su favor.

“Es una investigación que todavía no se ha judicializado, lo de Cámara de Cuentas, les pedimos por favor que nos permitan reservarnos, por el momento, esa información”, dijo mientras respondía a preguntas de los periodistas.