«Violencia letal»: Los asesinatos de indígenas en Brasil aumentan un 22 % en diez años, mientras los homicidios en general caen un 20 %

Publicado: 31 ago 2021 17:21 GMT

Es la primera vez que el informe anual Atlas de Violencia ofrece datos sobre la violencia que sufren los pueblos originarios en el gigante latinoamericano.

Más de 2.000 indígenas fueron asesinados entre 2008 y 2019 en Brasil, según el informe Atlas de Violencia en el que por primera vez se ofrecen datos sobre la violencia que sufren los pueblos originarios en este país. 

Durante esa década, el asesinato de indígenas aumentó un 22 %, mientras que los homicidios en general cayeron un 20 % en el mismo periodo en todo el país. 

Concretamente, la tasa de homicidios entre la población indígena subió de 15 a 18,3 por cada 100.000 habitantes en esos diez años, frente a una caída de 27,2 hasta 21,7 por cada 100.000 habitantes en el mismo periodo en todo el territorio nacional. 

El informe, que se basa en el Sistema de Informaciones sobre Mortalidad (SIM), del Ministerio de Salud, ha sido divulgado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) y el Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

«Los datos muestran un aumento de la violencia letal contra los pueblos indígenas», destacó Samira Bueno, directora ejecutiva del FBSP.

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Por su parte, el investigador Frederico Barbosa comentó que es «muy probable» que una parte importante de esas muertes estén relacionadas con conflictos territoriales, actividades agrícolas o extracción de madera, así como otro tipo de actividades económicas en territorios indígenas. 

Juicio decisivo

Estos datos se publican cuando esta semana el Supremo Tribunal Federal (STF) tiene previsto retomar el caso en el que determinará la validez jurídica de la Tierra Indígena Ibirama La-Klãnõ, en el estado de Santa Catarina, sur de Brasil, donde viven los pueblos Xokleng, Kaingang y Guaraníes.

El tribunal evaluará si estos pueblos deben o no incorporarse a zonas reclamadas por el gobierno de Santa Catarina y por propietarios rurales, que defienden el llamado «marco temporal». Este criterio jurídico establece que las tierras indígenas son aquellas ocupadas por los pueblos tradicionales el 5 de octubre de 1988 –fecha de la Constitución–, por lo tanto, se les exige una prueba de propiedad. 

Los indígenas –unos 900.000, un 0,5 % de la población– no están de acuerdo con el «marco temporal» porque, entre otras cosas, alegan que fueron expulsados por la fuerza de sus territorios antes de esa fecha, durante la dictadura militar (1964-1985). 

La decisión tendrá un impacto directo en los derechos de sus tierras ancestrales, ya que su efecto es vinculante, por lo que definirá el destino de más de 300 tierras indígenas que están en proceso de demarcación.