¿Un texto a medida? Bolsonaro deroga una ley de la dictadura y ratifica otro proyecto (pero veta los artículos que podrían perjudicarlo)

Publicado: 2 sep 2021 17:43 GMT

El presidente brasileño introdujo cambios a la propuesta legislativa que sustituirá a la Ley de Seguridad Nacional de 1983, promulgada durante la dictadura militar.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sepultado la Ley de Seguridad Nacional de 1983, heredada por la dictadura, con la promulgación del proyecto de defensa de la democracia. Pero la noticia tiene sus matices.

El nuevo texto, que deroga una ley que ha sido usada por el ultraderechista para abrir procedimientos contra voces críticas a su Gobierno, ha sufrido sensibles modificaciones que parecen obedecer a los intereses del actual mandatario. A grandes rasgos, en esa normativa se suprimen los artículos que castigaban la diseminación (y financiamiento) de ‘fake news‘ y se descarta el aumento de penas para policías y militares que cometan delitos.

La modificación no es un asunto menor, si se toma en cuenta que Bolsonaro sigue en el ojo de las críticas por las noticias falsas (que ha difundido especialmente durante la pandemia y, recientemente, contra el sistema electoral) y arrastra la mancha de una campaña que lo llevó a la presidencia usando varias estrategias de desinformación, según la propia Fiscalía de Brasil.

Por otro lado, el veto al aumento de sanciones a las fuerzas de seguridad podría beneficiar a un sector que el también excapitán del Ejército desea tener de su lado, a un año de las elecciones presidenciales en las que Luiz Inácio Lula da Silva lleva la delantera en los sondeos.

¿’Fake news’ a salvo?

Uno de los pasajes que ha sido vetado por Bolsonaro es el referente a las sanciones por la difusión de «comunicación de masas engañosas», refiere G1. Para tratar de justificar esa censura, el Gobierno argumenta que ese fragmento contraviene el interés público y no deja claro qué se sancionaría: si a quienes generan el contenido falso o las personas que lo consumen.  

En el texto original se establecía que habría penalización por «promover o financiar, personalmente o a través de un intermediario», la difusión de mensajes falsos «que son capaces de comprometer la salud del proceso electoral». Para Bolsonaro, el problema de ese pasaje radica en quién ejercerá el papel de «tribunal de la verdad» en un guerra de ‘fake news’.

La ‘preocupación’ de Bolsonaro sobre ese tema no deja de levantar suspicacias, especialmente cuando el Tribunal Supremo (STF) ha incluido al mandatario en la llamada investigación de noticias falsas, que busca establecer responsabilidades por la difusión organizada de información engañosa, con el objetivo de desestabilizar la democracia.

A principios del mes pasado, el ministro del máximo tribunal de Justicia del país, Alexandre de Moraes, determinó incluir al mandatario en un expediente en el que se investigan los delitos de «calumnia» e «incitación al crimen», debido a los cuestionamientos sin pruebas que realizó en las últimas semanas sobre el voto electrónico, cuando restan 11 meses para los comicios presidenciales. 

Armas, manifestaciones y militares

En medio de la investigación que se sigue en su contra por presuntamente atentar contra el orden democrático en Brasil, Bolsonaro también aprovechó para bloquear el artículo de la ley que abría la vía para que los partidos políticos con representación en el Congreso pudieran demandar por delitos contra las instituciones en el proceso electoral, en caso de que la Fiscalía no lo hiciera en el período establecido por ley.

El argumento del mandatario para vetar ese fragmento es que no sería razonable «para el equilibrio y la pacificación de las fuerzas políticas». En esa misma línea, el mandatario brasileño también ha cerrado el paso a los castigos para quienes impidan «el ejercicio libre y pacífico de las manifestaciones», alegando que sería complicado definir qué es una protesta sin violencia.

Lo paradójico es que mientras Bolsonaro considera que es difícil determinar qué es una manifestación pacífica, no duda en bloquear el aumento de un tercio de las penas en los delitos contra el Estado democrático de derecho, que sean perpetrados con violencia o amenaza grave con el uso de arma de fuego. Ni siquiera cuando estos sean cometidos por funcionarios públicos.

Para el ultraderechista, el hecho de que agentes públicos cometan delitos de esa naturaleza, no debería acarrear sanciones más graves por esa «simple condición», refiere G1.

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Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley tiene que ver con el sector castrense, base de apoyo del excapitán del Ejército y defensor de la dictadura en Brasil. En la propuesta promulgada por Bolsonaro se elimina el texto que aumentaba a la mitad el tiempo de sentencia al personal militar, si el delito violaba el Estado de derecho.

El pasaje suprimido también establecía la pérdida de la patente o la graduación. Sin embargo, el ultraderechista alega que esa sanción pondría a los militares en situación de mayor vulnerabilidad y representaría «un intento de evitar expresiones de pensamiento que emanan de grupos más conservadores«.

De esta manera, aunque el presidente deroga una ley de la dictadura que le sirvió para aumentar en 285 % los procesamientos por supuestos delitos contra la seguridad nacional –según una investigación de Estadao–, mantiene inamovibles varios pilares clave para su Gobierno mientras se acercan las elecciones, se avecina la tormenta informativa y escalan las tensiones con la Justicia por las denuncias no probadas contra el sistema de votación.

Pero los vetos de Bolsonaro no son el punto y final. En los próximos 30 días, la Camara de Diputados y el Senado deberán analizar las objeciones a la ley y, si en ese período no se discute, la discusión podría bloquear la agenda de sesiones del Legislativo.

Nazareth Balbás

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