Senadores piden al máximo tribunal de Brasil investigar al Fiscal General por supuesto encubrimiento a Bolsonaro

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La prevaricación es considerada como una alteración grave de la seguridad y legalidad de las decisiones de un servidor público en condiciones de injusticia.

Los senadores brasileños Fabiano Contarato y Alessandro Vieira presentaron una denuncia penal ante el máximo tribunal de Brasil, para que se inicie una investigación contra el Fiscal General de ese país, Augusto Aras, por la presunta comisión del delito de prevaricato.

La solicitud fue entregada a la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Antunes, encargada del más alto tribunal del Poder Judicial brasileño, que posee las atribuciones de una Corte Suprema y de un Tribunal Constitucional.

De acuerdo a información divulgada por el diario local Veja, los senadores solicitaron investigar a Aras porque durante su gestión habría mostrado un «comportamiento imprudente», que presuntamente se manifiesta al omitir «las arbitrariedades y crímenes del Presidente de la República», Jair Bolsonaro, y también «en sus acciones que contribuyeron al debilitamiento del régimen democrático brasileño, del sistema electoral y al agravamiento de los impactos del covid-19» en ese país.

Aras, quien viene de recibir en julio pasado el espaldarazo de Bolsonaro para que continúe frente a la Fiscalía General por dos años más, un cargo que ostenta desde 2019 y que tendría que dejar en septiembre, también es señalado por «haber atacado directa e indirectamente los esfuerzos para combatir la corrupción en el país».

El senador Contarato asegura que Aras no actúa dentro del Estado de derecho, sino que ejerce la Fiscalía General como abogado del Presidente Bolsonaro, quien a su juicio, impunemente «acusa de fraude al sistema electoral brasileño, sin pruebas; intimida al Congreso poniendo incluso tanques del Ejército en la calle; fomenta las aglomeraciones y contrarresta las medidas sanitarias para combatir el covid; y amenaza a la Corte Suprema».

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«En este contexto de flagrante ataque a las instituciones democráticas», cuestiona Contarato, «¿qué hizo el Fiscal General de la República, servidor público designado como inspector de la ley por la Constitución Federal? Nada. Permaneció inerte y fue condescendiente con un ataque atroz al Estado de Derecho Democrático».

El delito de prevaricato es considerado como una alteración grave de la seguridad y legalidad de las decisiones de los servidores públicos. Es cometido cuando una autoridad omite o dicta una resolución en condiciones de injusticia. Esta conducta es penada con la inhabilitación del cargo.