Llevando el constitucionalismo a su propia legalidad

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Por HUMBERTO PANIAGUA ESPINAL

El señor Ramfis Trujillo Domínguez aspira a convertirse en candidato presidencial de su recién reconocido partido político Esperanza Democrática, y desde ya si podrá serlo o no está provocando apasionados debates sobre la legalidad de dicha candidatura. Esto debido a que el mismo posee doble nacionalidad, la estadounidense y la dominicana.

Por este último motivo, el pasado miércoles 8 de este mes, la Junta Central Electoral le rechazó la inscripción de dicha candidatura, bajo la justificación de lo establecido en el artículo 20, párrafo 1 de la Constitución, que establece que “los dominicanos que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, solo podrán aspirar a la presidencia de la República si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de antelación”.

El autor es escritor. Reside en Santo Domingo

Cuando expreso que en su caso estamos ante una dramática colisión de derechos, lo digo en base a lo siguiente: El señor Ramfis es hijo de dos dominicanos, al que le tocó nacer fuera del país, por el destierro a que fueron sometidos sus padres, después el ajusticiamiento de su abuelo, el dictador Rafael Leónidas Trujillo.

En ese sentido, el Artículo 18 de nuestra Constitución establece en los ordinales 1 y 4 que son dominicanos los hijos e hijas de madre o padre dominicano. Así como los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicano, no obstante haber adquirido por el lugar de nacimiento una nacionalidad distinta a la de sus padres.

Si bien es cierto que dicho ordinal también establece que una vez alcanzada la edad de 18 años este podrá decidir si adquiere la doble nacionalidad o renuncia a una de ellas. Creo entonces que sería un sin sentido, negar que el señor Ramfis es dominicano.

Estamos entonces ante una antinomia o contradicción de derechos en la Constitución. Y paso a explicarlo:

Si el señor Ramfis es dominicano de acuerdo con lo establecido en el art. 18 de la Constitución, entonces goza de todos los derechos que establecen los artículos 22, ordinal 1 en lo referente al derecho a elegir y ser elegido. Están los artículos 39 sobre el derecho a la Igualdad y 43 sobre el libre desarrollo de la personalidad. Cuando hablamos de igualdad no es solo de igualdad ante la ley, sino también de igualdad en la ley. Y el derecho a que el legislador trate a todos por igual.

Es más que evidente que estamos ante un conflicto de derechos, y la solución sería a través del método de la ponderación, contrapesar los bienes jurídicos en pugna, valorar las circunstancias y determinar cuál tiene más peso. Es otras palabras, sopesar su importancia, y que se tome la determinación que promueva de mejor manera el derecho tutelado. Llevando el constitucionalismo a su propia legalidad; debido a que una Constitución Normativa como la nuestra, no tolera excepciones a la igualdad, ni admite ciudadanos de segunda clase o disminuidos en sus derechos como sería el caso del Señor Ramfis Trujillo Domínguez.

jpm-am

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