Ley que exonera impuestos de vehículos a legisladores no establece vencimiento de ese privilegio

La Ley 57-96, sobre Exoneraciones a Miembros del Poder Legislativo, aprobada en noviembre de 1996, no solo permitió a los congresistas importar libre de impuestos cualquier vehículo de su preferencia, sino que no establece una fecha de vencimiento de dicho privilegio.

La citada Ley modificó otra norma, la 21-87, que establecía un tope de US$18,00.00, en ese beneficio. “Cada legislador importará libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje, CIF, etc.”, reza el artículo dos de la Ley que señala que el vehículo importado estará exento de recargos, multas, etc., así como también cualquier restricción o prohibición.

Las características de este privilegio facilitaron la importación de un McLaren modelo 570s del año 2017 vinculado en un accidente de tránsito en la avenida Abraham Lincoln esquina Max Henríquez Ureña, incidente en el que resultó gravemente herido un señor de 70 años.

De acuerdo a datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el vehículo de alta gama fue importado con una exoneración del exdiputado Pablo Santana Díaz, quien representó al municipio de Jimaní en los períodos 1998-2002, 2002-2006 y 2006-2010, siete años antes de la fabricación del vehículo.

Contactado por Diario Libre, Santana Díaz dijo que le vendió la exoneración que le correspondía mientras se desempeñaba como legislador al dealer Autohaus, cuyos propietarios informaron que importaron y vendieron el automóvil en 2017.

Diputado aboga por reformación de la Ley

A raíz de la “irritación” que produce en la población este privilegio a los legisladores, en el Congreso Nacional se depositaron el año pasado tres proyectos de ley, a los fines de reformar la Ley 57-96 y que se ponga un límite a las exoneraciones, informó a Diario Libre el diputado José Horacio Rodríguez.

Sin embargo, ninguno de estos ha avanzado. El legislador indicó que este privilegio hace tentador la posibilidad de que se venda, una práctica recurrente, “porque aún alguien comprándola se puede ahorrar muchísimo dinero de pagos al fisco y no es para el legislador ese vehículo, es para un particular que quiere un vehículo de lujo y que, utilizando la exoneración, engaña, de alguna manera, al Estado dejando de pagar los impuestos correspondientes; eso es vergonzoso”.

Rodríguez manifestó que debe hacerse una reformulación de la Ley, pero, añadió, “debe haber voluntad política para que se apruebe”.

En ese sentido se expresó la exdiputada Guadalupe Valdez, quien manifestó que las exoneraciones “no se corresponden con un ejercicio fiscal de que el Estado requiere el pago de impuestos para garantizar políticas que garanticen derechos”.

“No hay razón para exonerarle a un legislador un vehículo cuando a otros servidores públicos, como maestros o médicos, el Estado no les garantiza exoneración de vehículos para su trabajo”, añadió, a la vez que sostuvo que la Ley se ha desvirtuado cuando se permite que se exonere cualquier tipo de vehículo, sobre todo los de lujo que, a juicio de Valdez, son onerosos para el Estado.