La Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reformas para cesar de sus cargos a jueces mayores de 60 años (y estalla una nueva polémica)

En El Salvador se ha generado una nueva polémica luego de que este martes la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobara varias reformas a dos leyes judiciales con el objetivo de facultar el cese de sus cargos a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio, así como facilitar el traslado de estos.

En el Parlamento se aprobaron reformas a la Ley de la Carrera Judicial, con 63 votos favorables; y también se hicieron cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con el voto a favor de 64 legisladores.

El cambio más significativo en ambas normativas tiene que ver con la edad y el tiempo del ejercicio del cargo. En la Ley de la Carrera Judicial estaba establecido que «el funcionario o servidor judicial que haya permanecido en la carrera 35 años, contados desde la toma de posesión del cargo, podrá obtener su jubilación, cualquiera fuese su edad».

Con la reforma, en esta normativa se dispuso que «el funcionario o servidor judicial comprendido en la carrera judicial finalizará la misma al haber cumplido por lo menos 30 años en el ejercicio, contados desde la toma de posesión del cargo, o haya alcanzado 60 años«.

También estipula que «el ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplen 60 años», lo cual implica el cese del funcionario en su cargo. La regla, sin embargo, no aplicará a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Además, en una disposición transitoria, deja claro que los magistrados de cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz que tengan 60 años o más de edad al momento de entrar en vigencia las modificaciones, cesarán inmediatamente de sus funciones en la sede judicial en la que se encuentren.

No obstante, se establece un régimen de disponibilidad para las personas que hayan cesado de sus funciones, quienes podrán ser llamadas a servicio a decisión de la Corte Suprema de Justicia por razones de necesidad o especialidad de la materia.

En las reformas aprobadas también se amplían los motivos para el traslado de jueces y se faculta a la Corte Suprema de Justicia a «ordenar traslados por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la necesidad en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten».

En cuanto a los cambios a Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República también se estableció que los fiscales que tengan 60 años o más «deberán cesar inmediatamente en sus funciones», aunque quedan exentos de esta medida el fiscal adjunto, el auditor fiscal y el secretario general del Ministerio Público. Asimismo, se faculta al fiscal general a realizar traslados y nombramientos correspondientes.

«Cambiando lo que está mal»

Estas reformas se producen apenas cuatro meses después de que la nueva Asamblea Legislativa destituyera a cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, Raúl Melara, nombrando en lugar de este último a Rodolfo Delgado.

Tras la aprobación de las reformas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró la votación y manifestó su orgullo por los diputados de la bancada de Nuevas Ideas.

«Han demostrado tener la valentía de ir, paso a paso, cambiando lo que está mal en nuestro país. No pierdan nunca ese espíritu de lucha y esa convicción de hacer historia. Dios los bendiga siempre», escribió en su cuenta de Twitter.

«Se está atendiendo un problema histórico dentro del Órgano Judicial. Estamos dando pasos importantes para que el funcionamiento de este órgano sea con base a la justicia», dijo el diputado Jorge Castro, de Nuevas Ideas.

En este sentido, añadió que se ha generado en la Justicia un estatus de impunidad. «Han manipulado dentro del Órgano Judicial las mismas estructuras manejadas por sobresueldos, donde se compraban voluntades y que se movían al son del pagador. Ahora, los jueces van a funcionar dentro de un esquema de igualdad», enfatizó.

«Violación a la Constitución»

Por su parte, el diputado René Portillo Cuadra, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), señaló que este es un nuevo atentado contra la democracia.

«Creí que podría haber mesura en este tema. Lo que están haciendo es darle el tiro de gracia a la independencia judicial en El Salvador. Están queriendo controlar el Órgano Judicial», indicó.

La organización Cristosal emitió un comunicado en el que señala que las reformas aprobadas son «un grave atentado a la independencia judicial» y «afectan gravemente la garantía y tutela de los derechos humanos en El Salvador».

Además, denuncia que hubo una violación a la Constitución en el proceso para aprobar estas reformas. En su comunicado, la organización de derechos humanos explica que, de acuerdo con el artículo 133, ordinal 3, de la Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia tiene exclusivamente iniciativa de ley en «materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales».

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También señala que se violenta el artículo 186 de la Constitución, que establece que «los magistrados de las cámaras de segunda instancia, los jueces de primera instancia y los jueces de paz integrados a la carrera judicial, gozarán de estabilidad en sus cargos».

Según han publicado algunos medios locales, con las cláusulas establecidas en las reformas se removerán 156 jueces en El Salvador, entre ellos Jorge Guzmán, juez de San Francisco Gotera, de 61 años, que busca información relacionada con la masacre de El Mozote (1981), en la que fueron ejecutadas casi 1.000 personas durante la guerra civil (1980-1992), y fue impedido de acceder a archivos militares relativos a la matanza.

«Su rol como juez de instrucción en este caso le ha valido ataques e injurias, orquestadas directamente por el presidente de la República, Nayib Bukele», dice Cristosal.

Para la organización, estas reformas «representan una continuidad del golpe de Estado consumado el pasado 1 de mayo», cuando fue destituido el fiscal Melara y los miembros de la Salsa Constitucional.