Fusionan la revisión del caso Antipulpo y la solicitud de plazo para ampliar investigación

La tercera revisión obligatoria de la medida de coerción a los imputados en el caso de corrupción Operación Antipulpo fue aplazada para el lunes, a fin de conocer la audiencia junto con la solicitud de plazo que hizo el Ministerio Público para ampliar su investigación.

La suspensión se produjo a solicitud del Ministerio Público, el cual realizó 24 allanamientos el pasado miércoles, donde se recolectaron nuevas evidencias que serán presentadas el lunes con la finalidad de que se mantenga la medida de coerción a los imputados y le otorguen cuatro meses más para terminar su investigación.

“En esta audiencia de hoy, hemos depositado documentos que serán suficientes como para que la jueza llegue a la conclusión a la que ha llegado el Ministerio Público, de que debe mantener la coerción”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

En los allanamientos, dijo el Ministerio Público, encontraron documentos, computadoras, dinero en efectivo, y vehículos relacionados a algunos de los involucrados en el proceso y hacen referencia a personas que podrían ser involucradas en el futuro.

En la audiencia estuvo presente el abogado Miguel Valerio, quien representa a las Edes, la cual se constituyó en querellante civil en busca de recuperar dineros sustraídos por parte de la presunta red. Valerio expresó que debe mantenerse la coerción.

La jueza Yanibet Riva dijo que conocerá la próxima audiencia el lunes a las 10:00 de la mañana en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Lo que ha establecido la Pepca

Mediante la Operación Antipulpo develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado.

El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Alexis Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un entramado de corrupción.

Por este caso cumplen prisión preventiva Alexis Medina, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), respectivamente; Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, testaferros de Medina Sánchez.

Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y exvicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.

El excontralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los acusados de ser prestanombres del cabecilla de la red, debe cumplir con una presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.