«Estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos»: Macri declara en causa por espionaje ilegal a familiares del submarino ARA San Juan

Publicado: 28 oct 2021 14:47 GMT

El expresidente trató de apartar al juez del caso al denunciar que ya lo había prejuzgado.

El expresidente argentino Mauricio Macri declara hoy, después de dos postergaciones, en la causa en la que se le acusa de presunto espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que se hundió a fines de 2017.

La indagatoria ha estado rodeada de una polémica, ya que el juez Martín Bava lo citó el 7 de octubre, pero en ese momento Macri se encontraba en una gira en EE. UU., desde donde denunció que era víctima de una «persecución política»

Después, el juez lo convocó para el 20 de octubre, pero el expresidente volvió a faltar y solicitó que el juez fuera apartado de la causa al considerar que ya lo había prejuzgado, pero la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pedido.

Bava lo citó al considerar que Macri debe aclarar el papel que jugó en el espionaje ilegal que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cometió en contra de los familiares de los submarinistas.

Esta es una de las múltiples causas por espionaje en la que el expresidente está involucrado, ya que se ha demostrado que durante su Gobierno la AFI hizo tareas de inteligencia de manera sistemática, y sin orden judicial de por medio, a políticos opositores, oficialistas, líderes sociales y, en este caso, a víctimas de una de las mayores tragedias registradas en el país sudamericano en los últimos años.

La desaparición

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan, en el que viajaban 44 tripulantes, dejó de tener contacto mientras se ubicaba a 430 kilómetros de la costa argentina.

Dos semanas más tarde, el Gobierno macrista dio por finalizada la búsqueda a pesar de que la nave no se había encontrado y en medio de los reclamos de los familiares, que esperaban que hubiera sobrevivientes.

En agosto de 2018, es decir, nueve meses después de la desaparición, el Gobierno contrató a la firma Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda a cambio de un pago de 7,5 millones de dólares que sólo se haría efectivo si hallaba al submarino, lo que la empresa logró el 17 de noviembre, justo un año después de la desaparición.

La tensión entre el gobierno y los familiares fue permanente, ya que desde el principio hubo declaraciones desafortunadas de los funcionarios y acusaciones de los familiares por maltratos, presunta corrupción y negligencia en el operativo de búsqueda, ya que el submarino se encontró muy cerca del lugar en donde había desaparecido.

El año pasado, el caso se agravó cuando el Gobierno de Alberto Fernández reveló que se habían encontrado pruebas de que los familiares de los tripulantes habían sido espiados.

El exministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó en ese momento que el seguimiento no había sido ordenado por ningún juez, por lo que era ilegal, y se habría llevado a cabo mientras el submarino aún estaba desaparecido.

Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, denunció el hallazgo de tres discos rígidos que almacenaban seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas entre enero y junio de 2018, lapso en el que los familiares de los tripulantes presionaban al macrismo para que intensificara la búsqueda del submarino.

Por esta causa ya fueron procesados el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora Silvia Majdalani, quienes están acusados de espionaje ilegal en otras investigaciones judiciales. En todas sus declaraciones han negado los cargos.

Más información, en breve.