Depresión e intento de suicidio: efectos de violencia y discriminación en LGBTI

La mayoría de las 7,122 personas que participaron en una encuesta para la comunidad LGBTI en el país indicó que los hechos de violencia y discriminación que han sufrido han tenido serias consecuencias en sus vidas, destacándose especialmente las de tipo emocional, pues el 57.9 % dijo haberse deprimido, otro 32.7 % consideró quitarse la vida y 17.8 % trató de suicidarse.

Los resultados de la Encuesta Nacional LGBTI 2020, presentados ayer, arrojaron que personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) dijeron haber pensado o tomado acciones para distanciarse de los espacios en que fueron victimizadas o en los que entran en contacto con sus agresores. Está el caso del 16.8 % que dijo haberse mudado de barrio o provincia y el 12.5 % que pensó en cambiar de centro de estudios. Mientras que 7.4 % se mudó de centro educativo y 4.4 % abandonó los estudios. Otro 6.1 % varió su empleo.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Embajada del Reino Unido, a través del proyecto “Ser LGBTI en el Caribe” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizaron la encuesta entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.

Esta también arrojó que las personas LGBTI se encuentran expuestas a diversas formas de violencia o discriminación desde muy jóvenes. El 96.7 % de los encuestados dijo haber sido víctima o presenciado alguna forma de violencia derivada de su orientación sexual o identidad de género durante la adolescencia. Al identificarlos, el 77.9 % citó comentarios ofensivos, otro 48.9 % señaló violencia sexual y 31.9 % agresiones físicas.

“Durante años, los LGBT hemos venido denunciando discriminación, violencia y violaciones de los derechos humanos. Hasta ahora, la excusa de las autoridades para no dar respuesta siempre ha sido: ‘¿Dónde están los datos?, no tenemos ninguna evidencia’”, dijo Daniel Benítez, representante del colectivo, durante la presentación del levantamiento.

“Me pregunto ahora, ¿cuál será la excusa? Ya que, a partir de la publicación de los resultados de este estudio, comenzaremos a revertir la falta de evidencia y, sobre todo, el desconocimiento de las organizaciones y de las autoridades sobre algunas de las realidades de la comunidad”, agregó.

De acuerdo a los encuestados, que en su mayoría respondieron un cuestionario vía internet y 700 participaron con entrevistas presenciales, los hechos más graves de los que fueron víctimas fueron cometidos por personas relacionadas a ellos como compañeros de estudio, familiares, vecinos y colegas del trabajo.

El 16.6 % dijo que la agresión provino de alguien perteneciente a algún grupo religioso y el 13.4 % que la agresión más grave sufrida fue cometida por gente que no reconocen los derechos humanos de las personas LGBTI. Más de uno, de cada diez, indicó que el hecho más grave del que fue víctima lo cometieron policías o militares.

El motivo más señalado para no denunciar los hechos sufridos fue considerar que no se haría nada (31.2 %). El 26.1 % señaló sentir pena o vergüenza y el 23.7 % dijo que lo sucedido era insignificante. El 13.1 % sentía que era su culpa.

En las conclusiones del documento que recoge los resultados de la encuesta, se recomienda al Congreso Nacional aprobar la ley de igualdad y no discriminación; así como tipificar, en el código penal, los delitos de crimen de odio, discurso de odio, violencia sexual, discriminación y tortura motivada por la orientación sexual, identidad o expresión de género y caracteres sexuales.

Al Ministerio de Salud Pública se le recomienda diseñar e implementar un marco normativo y de políticas públicas dirigido a reforzar el acceso al más alto nivel de atención de salud física y mental de las personas LGBTI. “A la vez, prohibir aquellas actividades que ofrecen ‘terapias’ para ‘modificar’, ‘re-orientar’ o ‘curar’ la identidad de género y orientación sexual de las personas”, y “fiscalizarlas y sancionarlas según el caso”.

Asimismo, financiar a nivel nacional intervenciones para la prevención del suicidio en personas LGBTI.