Las próximas elecciones en República Dominicana serán celebradas el 18 de febrero de 2024, en el caso de los cargos municipales, y el 19 de mayo del mismo año, en el caso de la presidencia y los cargos congresuales. Ante el establecimiento de este calendario de elecciones, ya en el año 2023 se acercan importantes retos y exigencias para asegurar que se puedan ser llevados a cabo de manera transparente y con máxima legitimidad.
El primer aspecto a considerar son las reformas electorales que actualmente cursan en el Congreso Nacional. Mejorar las leyes de Régimen Electoral y la de Partidos y Organizaciones Políticas es esencial para realizarse en el año previo al electoral 2024. Si bien es cierto que las leyes que tenemos son buenas, hay evidentes mejoras que redundarán en mayor confianza en los procesos electorales y en el sistema democrático.
La necesidad de esta mejora nace de varias consideraciones, a saber: robustecer las capacidades administrativas de la Junta Central Electoral (JCE); corregir aspectos de las leyes vigentes que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional; se debe robustecer la administración de los comicios, especialmente la precampaña y el uso de recursos por los partidos, entre otros aspectos. Todavía estamos a tiempo para que, si estos proyectos se conocen antes del 27 de febrero del próximo año, pueden ser implementados por los actores del sistema político en el próximo ciclo electoral.
Otro aspecto que también resulta necesario revisar de cara a los comicios del año 2024 es la campaña a destiempo que actualmente vivimos en la República Dominicana. Sin embargo, si bien es cierto que es un aspecto que la JCE debe fiscalizar, es precisamente una parte de la razón por la cual se deben reformar las leyes electorales para robustecer estos aspectos, pues no hay claridad en la legislación actual ni facultades de sanción fuertes que pudiera emplear el órgano de elecciones.
Luego de esto, debemos evaluar el trabajo que ha venido realizando la JCE en la preparación y organización del proceso electoral venidero. Sin lugar a dudas, se ha aprendido de los errores cometidos en el pasado, y la JCE ha sido muy clara en el sentido de que trabaja arduamente desde ahora en esta organización. De hecho, se debe resaltar que ya se han conformado las juntas municipales de cara a estos procesos, algo que nos deja muy bien orientados sobre el proceso.
Pero el llamado de la JCE de recibir los recursos económicos necesarios para realizar este proceso electoral no ha sido atendido plenamente por el Congreso Nacional y los actores políticos. No tiene sentido que la JCE reciba aproximadamente la misma cantidad de recursos que en este 2022, un año sin actividades electorales, contrario al 2023, un año preelectoral, donde la JCE procura realizar una organización sana de los comicios.
Debemos atender los llamados de la JCE de completar la necesaria reformas de las leyes electorales y de proveerle los recursos necesarios de cara a las elecciones del 2024 para asegurar que las mismas sean llevadas a cabo de manera organizada y diáfanas, y de esta forma, asegurar su total legitimidad.