Burocracia y falta de pago entorpecen plan de regularización de venezolanos

El Gobierno dominicano dará una nueva prórroga de dos meses para que los venezolanos residentes en el país puedan acceder al Plan de Normalización para regularizar su estatus migratorio en el país.

Con la medida, pendiente aún de la resolución que debe emitir el Consejo Nacional de Migración, las autoridades procuran aumentar el alcance del plan puesto en ejecución en abril pasado, pero al que solo se inscribieron 44,500 personas de los aproximadamente 100,000 venezolanos que se estima residen en suelo dominicano.

La normalización dentro de la categoría no residente, dictada mediante resolución 00119-2021, está dirigida a venezolanos que hayan ingresado a la República Dominicana de manera regular a partir de enero 2014 hasta marzo 2020, consta de tres componentes: la solicitud de prórroga de permanencia, válida por 60 días; permiso para fines de estudio y el otorgamiento de permiso para trabajadores temporeros.

Para cada uno se cumple un proceso de tres fases que se inicia con la inscripción de la solicitud de prórroga, seguida de la depuración de los expedientes y pago de cuota hasta culminar con el otorgamiento de la visa o permiso de residencia, pero las dificultades que ha confrontado la ejecución del programa provoca que menos de 3,000 hayan completado ese esquema.

Problemas con los procesos de depuración, fallos en las plataformas de registro y seguimiento, falta de motivación o desconocimiento de algunos para inscribirse y carencia de dinero son parte de los inconvenientes que entorpecen el plan, a decir del director general de Migración, Enrique García y el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en República Dominicana, Josué Gastelbondo Amaya.

De entrada, el diplomático de la OIM, califica de positivo el plan, porque logra resolver tres grandes barreras de los venezolanos en suelo dominicano, que eran: primero, poder tramitar el cambio de categoría de las visas de trabajo sin tener que salir del país.

En segundo lugar, el tema de costo, pues en lugar de pagar la penalidad por exceder el tiempo permitido con el visado vencido, con el plan de normalización se establece un pago único de RD$6,500 para todo el proceso, además de que salda toda la deuda acumulada por la penalidad.

El tercer aspecto que destaca Gastelbondo Amaya es poder usar el pasaporte como documento de identificación para algunos trámites bancarios.

“La Cancillería hizo un convenio con la Superintendencia de Bancos para que se acepten los pasaportes vencidos de los venezolanos en la apertura de cuentas y acceso a servicios bancarios. A la vez, la gente cuando tenga la visa y el cambio de permiso de estadía pues tendrá acceso a una serie de servicios financieros importantes”, dice.

También le parece muy positivo el acuerdo con varias agencias del Gobierno como la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para que el carnet que se va a utilizar en la prórroga de permiso de permanencia sea un mismo número que sirva para que el empleador pueda vincular a los venezolanos a la seguridad social.

El impasse, señala, es que en la primera fase de prórroga de estadía se hace la solicitud de antecedentes penales que tramita la Dirección General de Migración (DGM) con otras cinco entidades gubernamentales.

“Ha sido un desafío actual que tiene la (DGM) que, al pasar 36 mil personas juntas para antecedentes penales, el conjunto de cinco instituciones que hace ese ejercicio, para que estén todas con las respuestas, ha sido un poco más lento que lo que se esperaba”, dice Gastelbondo Amaya.

Enrique García admite que el proceso de la depuración ha sido lento, pues cada entidad (la Policía Nacional, Dirección de Investigaciones, Procuraduría General, Interpol y la Dirección Nacional de Control de Drogas), trabaja a ritmos distintos que ellos no controlan y cada una debe responder antes de aprobar a una persona.

Pero aclara que no ha sido solo de esa parte del problema, pues ellos tienen miles de expedientes, más de 7,000 afirma, depurados y listos para pasar a Cancillería, pero no ha podido tramitarlos porque los beneficiados no acuden a realizar el pago.

“Lamentablemente; porque, aunque son apenas unos 6,500 pesos, la gente no ha podido o no ha querido. Gente que está disponible para pagar”.

Hasta la fecha, Migración ha trabajado unos 10,000 expedientes, de los que unos 3,000 fueron enviado ya a fines de aprobación de estatus a Cancillería. El funcionario en unas 2,000 las visas otorgadas desde que inició el plan.

Pero García defiende el trabajo realizado, pues entiende que los más de 44,000 expedientes inscritos llegaron en solo un mes y que revisar cada uno para asegurar que cada persona completara su documentación, se tomó tiempo. Eso, antes de la depuración de los casos que optaron por armonizarla con la que también le corresponde a la Cancillería, a fin de ahorrar tiempo en una sola verificación.

“Eso no es tan sencillo, pues son miles y miles de expedientes. Disponemos de un personal, pero tampoco es que tenemos 200 gente para eso, pues significa una estructura económica y equipo”, señala García.

La resolución 00119-2021 establece en su artículo tercero el pago de una tasa única administrativa, la que el Consejo Nacional de Migración fijó en 6,500 pesos y que elimina las penalidades pendientes por documento vendido. Pero por varios meses ocurrió que a personas que ya habían pagado la tasa y tenían a mano su visado de parte de Cancillería, les cobraban la penalidad al intentar salir del país, de acuerdo con el representante de la OIM.

“Como el proceso es nuevo, se tomó tiempo reportar en los aeropuertos y fronteras el eliminar el saldo de la deuda una vez la persona hacía el pago de la prórroga. Hasta la semana pasada el sistema empezó a hacer los reportes y hubo varias personas que, una vez salieron del país, ya con el pago de la prórroga, se encontraban con la deuda y les generaba inconvenientes”, comenta Gastelbondo Amaya.

Dice que desde el jueves pasado ya se solucionó esa situación y espera que el Gobierno pueda buscar una salida a esos que tuvieron el inconveniente.

Cuestionado al respecto, García prefiere aclarar que “este no es un pago para salir del país, para empezar a viajar. Este es un pago especial para obtener un carnet, entonces, usted no puede venir ahora a decir, 45 mil venezolanos, que van a pagar los 6,500 pesos que me dieron de gracia y no voy a terminar el plan, porque eso me retrasa el plan a mí”.

El funcionario insiste en que su deseo es que las personas completen todo el procedimiento y luego viajen cuanto quieran, pero que no distorsionen el plan a fin de aprovechar solo la rebaja en la penalidad, pues luego terminarán igual en condición de irregulares por no obtener el carnet de No Residente.

“Nosotros llamamos y apelamos al interés de los venezolanos que vengan”,

Enrique García Director general de Migración

Incluirán a los informales

El Consejo Nacional de Migración decidió volver a abrir plazo para que los que no se inscribieron en la primera oportunidad puedan aprovechar el plan de normalización. Según García hay personas que ni se enteraron, algunos que viven muy retirados, otros que por falta de documentos o de dinero no accedieron. Ahora tendrán una prórroga de 60 días para inscribirse según la decisión del consejo, aún pendiente de la resolución. También flexibiliza algunos requisitos, como el contrato de trabajo, para que entren trabajadores informales. “Se ha entendido que uno de los motivos para no entrar al plan era el contrato de trabajo”, explica García. Con la flexibilización, personas con un trabajo informal, que presenten algún aval de este, como declaración jurada o acta notarial del negocio, podrán acceder a su normalización.