Luego de tres largas semanas escuchando los argumentos del Ministerio Público y de los abogados de los imputados en el juicio por los sobornos de Odebrecht, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional deberán decidir si admiten o rechazan las delaciones premiadas enviadas desde Brasil para probar el caso de corrupción.

Durante la audiencia de ayer la mayoría de los abogados de las defensas realizaron las réplicas a las peticiones hechas por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien solicitó que las delaciones sean admitidas como pruebas en el juicio, además de que sean traídos los delatores para autenticar los estos documentos.

Este martes está previsto que la defensa del exsenador Tommy Galán exponga sus réplicas a las solicitudes de la Pepca, y entonces dar el paso a las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo para que puedan deliberar sobre el asunto y emitir su decisión.

En juego

De acuerdo con las consideraciones de la Pepca, “en este punto donde está el proceso, las evidencias más importantes son las delaciones; esas delaciones son las que contienen las versiones de los colaboradores en Brasil” por lo tanto la decisión que tomen las magistradas puede ser crucial para el éxito o fracaso de la acusación presentada por el Ministerio Público.

En el juicio está en juego la responsabilidad de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez. Las defensas de estos acusados están solicitando que las delaciones no entren al debate por considerarlas pruebas viciadas, obtenidas de manera ilegal, además dijeron que la etapa para incluir a los delatores como testigos en el juicio, es etapa superada.

Ayer el abogado José Miguel Minier, quien encabeza la barra de la defensa de Ángel Rondón, junto a Emely Rodríguez y Fernand Ramos Peralta, planteó ante el tribunal que las delaciones premiadas no son pruebas válidas para probar la acusación en contra de los encartados en el caso Odebrecht.

La abogada Rodríguez enrostró al Ministerio Público en estrado que el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, ordenó al órgano acusador ir a Brasil e interrogar a los empleados de la constructora Odebrecht y no lo hizo y que ahora no es momento de hacerlo.

“Si el Ministerio Público hubiese querido traer esos empleados de Odebrecht para nosotros poder interrogarlos, ellos debieron cumplir con la resolución de un juez, que la desacataron”, reclamó Rodríguez.