La abogada que representa a la familia de una menor de 17 años de edad, que desde sus 12 habría sido víctima de abuso sexual por su padrastro, denunció que la solicitud de variación de la medida de coerción, depositada en la Corte de Apelación, lleva un año y 4 meses en espera de que se fije fecha para su conocimiento.

El letargo en que ha caído el caso, que se ventiló por primera vez en los tribunales en el año 2019, ha estancado el proceso contra el supuesto abusador sexual de la menor que contó los hechos cuando cumplió 16 años.

La abogada Teresa Morel, que asumió la defensa de la familia de la niña, interpuso un recurso de apelación, en busca de que se revoque la garantía económica de $700 mil pesos que el juez Miguel Alejandro Báez Payano le impuso, además de presentación periódica e impedimento de salida al hombre, como medidas cautelares el 28 de octubre del 2019.

Morel consideró que los hechos que se le imputan al hombre, cuya identidad se omite a fin de preservar los derechos, integridad y privacidad de la menor, no son coherentes con la medida que se le impuso.

El Ministerio Público, que también apeló la medida, acusa al imputado de incurrir en la violación a los artículos 309-1-, 330, 331 y 332-2 del Código Penal, así como al artículo 396 literal b y c, de la Ley 136-03 de Protección a los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La abogada detalló que en el anticipo de pruebas que ya le fue practicado a la víctima, ésta ofreció detalles sensibles, acerca de los abusos sufridos durante cuatro años.

De acuerdo a la acusación, ejerciendo presión psicológica sobre la menor, el acusado la agredía sexualmente mientras fingía que jugaban. Le hacía cosquillas y tocaba sus partes íntimas. La menor aseguró que de ese modo comenzaron los acercamientos que la perturbaban con tan solo 12 años.

Dijo que, en varias ocasiones, el hombre, aprovechando la ausencia de la madre, la llevaba a la habitación matrimonial, donde tocó y besó sus genitales, usó vibradores y otros aparatos eróticos y la penetró.

Detalló que el hombre le daba a tomar una pastilla, lo que presumen eran anticonceptivos.

La menor, manifestó que temía por su seguridad, la de su madre y la de su hermano menor, el que la mujer procreó con el hombre.

Para la representante legal de la familia, la imposición de la medida cautelar, aun cuando se cuenta con testimonios y otras evidencias, es ínfima frente a los hechos alegados, y la mueve la duda de si el apellido sonoro del sospechoso, hizo presión sobre la decisión.

Explica también, que la inamovilidad en que ha caído el expediente en Apelación, refuerza su improbada teoría.