Desde el inicio del confinamiento por la pandemia del COVID-19 en marzo del pasado año, hasta noviembre de 2020, la Policía Nacional ha arrestado 273,156 personas por violar el toque de queda establecido en el protocolo para evitar la propagación del virus.

Igualmente la institución ha cerrado 7,200 negocios por violar las disposiciones y retenido 21,534 vehículos, y 147,213 motocicletas.

En las memorias de la Policía Nacional depositadas en el Congreso Nacional, se da cuenta de que fueron sometidas a la justicia 134,304 personas por violar el toque de queda; 1,423 por rebelión contra la autoridad y 369 reincidentes.

Durante este periodo fueron cerrados 4,256 negocios por abrir sin autorización; fueron sometidas a la justicia 89 personas por subir videos a las redes sociales y 101,241 personas obligadas a utilizar mascarillas en la vía pública.

La mayor cantidad de detenidos por violar el toque de queda lo registra la provincia Santo Domingo, en sus tres municipios con 55,137, seguido del Distrito Nacional con 37,341; Santiago con 19, 706; Puerto Plata con 18, 488 y La Altagracia con 15,427.

En San Francisco de Macorís se registra el apresamiento de 10,751 personas, en San Cristóbal 9,653, San Pedro de Macorís 9,118, en Barahona 7,010, San Juan 6,832, La Vega con 6,575, Peravia con 5,294. Las demás provincias registran entre 2,000 y 3,000 detenciones.

A través del Departamento Anti Ruidos, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 se incautaron de 6,838 bocinas; 4,169 cajones; 1,173 plantas de audio; 2,220 twiters; 1,304 cornetas; 1,208 e igual número de personas. Fueron además notificados por ruidos 1,400 negocios e incautadas 15 tragamonedas.

A nivel nacional fueron retenidas 8,788 armas de fuego ilegales; 2,161 por documentos vencidos y 196 armas de fabricación casera. También se incautó la Policía de 15,979 armas blancas.

Fueron registrados 681,765 vehículos de los que 15,931 fueron retenidos por falta de documentos. Un total de 1, 364,114 motocicletas fueron registradas, de las que 311,086 fueron retenidas por falta de documentos y 10,900 para fines de investigación.