El Estado dominicano, a través de los abogados Laura Acosta Lora y Nassef Perdomo, intervino este viernes en la audiencia preliminar seguida a los 17 acusados en el caso de corrupción por la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Estos abogados solicitaron que la audiencia fuera aplazada a los fines de depositar una querella diferente a la acusación que el Ministerio Público presentó contra los imputados en el caso. Además de constituirse en actor civil a fin de recuperar el patrimonio que, alegadamente, fue sustraído al Estado dominicano.

Luego de esto, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud de los abogados del Estado y fijó la próxima audiencia para el 7 mayo del año en curso.

De acuerdo con las informaciones publicadas en la prensa a finales del año pasado, los abogados Laura Acosta y Nassef Perdomo acordaron asumir la defensa de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) en la litis sobre derechos registrados en nulidad de operaciones de transferencias y de mesura, sobre las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155, donde está ubicado el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Corde y Titulatec están involucrado en un presunto entramado de corrupción que incurrió en un fraude inmobiliario a través de “la venta inconstitucional y fraudulenta de solares propiedad del Estado”.

El proceso

El proceso tiene aproximadamente dos años en la etapa preliminar y los aplazamientos han sido una constante. Sin embargo, lo ocurrido este viernes 12 de marzo podría reavivar y agilizar este proceso.

Se recuerda que el 29 de septiembre de 2019 el Ministerio Público depositó la acusación formal por este caso en el que está incluido el exdirector de Corde Leoncio Almánzar y otras 16 personas, algunas de ellas exfuncionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Además de la acusación del Ministerio Público, el abogado Manuel María Mercedes y los miembros del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos se constituyeron en actores civiles y buscan que el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional envíe a los acusados a juicio de fondo, además de que se les imponga una indemnización de 500 millones a favor de los afectados.

Acusados y los delitos

El Ministerio Público solicita en su acusación que se dicte auto de apertura a juicio, acogiendo en su totalidad la acusación presentada en contra de los encartados por los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.

Además de Almánzar Objío, están acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Infepa, y los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial Titulatec.

Además, los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella y Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

Igualmente, fueron acusadas las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Inversiones Fernández Parache y Asociados, S.R.L (Infepa), Titulatec S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.