Extrabajadores cañeros de los ingenios azucareros y residentes en los bateyes de la República Dominicana están muriendo sin recibir sus pensiones, luego de haber pasado toda una vida sirviendo a la industria azucarera, denunció este martes el Centro de Desarrollo de Trabajadores Agrícolas y Afines de los Bateyes Cañeros (CTABC), afiliado a la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird).

Los coordinadores de CTABC y de la Menamird, Miguel Batista Marmi y William Charpantier, respectivamente, indicaron que actualmente existen más de seis mil extrabajadores cañeros, los cuales reclaman pensiones de ocho mil y diez mil pesos mensuales, que recibirían a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Hacienda.

Explicaron que esas pensiones a los extrabajadores de la Industria Azucarera Dominicana se comenzaron a otorgar a partir de 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, es decir, hace 17 años, y se continuaron durante los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina, por lo que solicitaron al presidente Luis Abinader que se siga con esa misma secuencia.

“Se debe seguir dando respuestas, para que estas personas puedan conseguir sus pensiones antes de morir, porque ya la mayoría de ellos han fallecido. Las pensiones son de ocho mil y diez mil pesos mensuales”, precisó Batista Marmi, coordinador de CTABC.

Asimismo, dijo que producto de la pandemia que atraviesa el país, esta población de envejecientes, por su condición de inmigrantes, no está incluida en los Programas Sociales que ejecuta el Gobierno en favor de los sectores más desposeídos.

Comentó que en Mesa de Diálogo con las pasadas autoridades habían avanzado en conocer sus derechos adquiridos a estos extrabajadores, los cuales fueron traídos por contrataciones entre ambos estados, por lo que solicitan a esta nueva gestión de gobierno continuar con este espacio de conversaciones.

Denuncian deportaciones colectivas

Por otra parte, CTABC y Menamird denunciaron las deportaciones colectivas que supuestamente lleva a cabo la Dirección General de Migración (DGM) a inmigrantes haitianos que se habían acogido al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, “despojándoles de sus carnets y de sus bienes y en ocasiones destruyéndolos, convirtiendo a dichas personas en vulnerables, sin ningún documento para permanecer en el país’’.

Agregaron que “una cantidad de inmigrantes haitianos que solicitaron renovación de sus documentos del Plan, no han podido renovar, por lentitud del proceso por parte de las autoridades de Migración”.