La justicia tunecina redujo este martes de 30 a 1 año la pena de cárcel contra dos jóvenes por consumo y posesión de cannabis, que serán liberados en las próximas horas tras cumplir su condena, mientras un tercero deberá permanecer un año más en prisión, informó a Efe su abogada Molka Bouderbala.

En declaraciones a Efe el pasado mes de febrero, sus familias defendieron que el grupo de amigos de 21, 28 y 42 años de edad se encontraba en el interior de los vestuarios a la espera de que uno de ellos, empleado en el campo de fútbol municipal- un espacio público y, por tanto, considerado un agravante- terminara su jornada laboral para ir a fumar a otro lugar.

El pasado 20 de enero un tribunal de la provincia del Kef, a 200 kilómetros al oeste de la capital, pronunció esta inédita condena que reabrió el debate en el país sobre la legalización de la ‘zatla’ (cannabis en dialecto tunecino) y que ha unido a varias formaciones políticas y asociaciones locales para enmendar la legislación.

La conocida como “Ley 52” castiga por igual drogas duras y blandas con hasta cinco años de cárcel y 960 euros de multa, y representa el 20 % de las encarcelaciones en el país, según la ONG Abogados Sin Fronteras.

Un texto que fue aprobado en la década de los 90 cuando el hermano del exdictador, Zine El Abidine Ben Ali, se vio implicado en el escándalo del ‘Couscous Connection’, una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Aunque en 2017 se introdujeron algunos atenuantes -como no poseer antecedentes-, sus opositores se quejan de que se trata a los sospechosos como “criminales”.

La región del Kef (limítrofe con Argelia) es, según el “Mapa de la pobreza” realizado en 2020 por el Banco Mundial, la segunda más pobre del país con el 33% de su población- el doble que la media nacional- y posee una de las tasas más altas de abandono escolar.

Tras conocerse la sentencia, el primer ministro, Hichem Mechichi, anunció su intención de revisar la ley y los principales grupos parlamentarios preparan en paralelo diferentes propuestas, a excepción del islamista Ennahda, que todavía no se ha pronunciado.

El partido socialdemócrata “Corriente Democrática”, uno de los pocos que piden públicamente la despenalización de esta sustancia, defienden el seguimiento médico como alternativa a la prisión e industrializar su producción y venta por parte del Estado

La legalización de la marihuana se ha unido a las demandas de la lucha contra la violencia policial y la mejora de las condiciones de vida que en las últimas semanas han llevado a la calle a miles de personas en la capital.