Esta historia es parte del especial “Intermediarios, precios y consumidor” de Diario Libre, realizado por Mariela Mejía y Joaquín Caraballo.

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Al atardecer de casi todos los días, el negocio de José Batista compra hasta 15,000 unidades de pollos vivos en una granja de La Vega. El pasado 6 de enero le vendieron la libra a RD$38. Una parte de las aves fue procesada en la madrugada del día 7, y en la mañana su carne fresca se vendió al detalle a RD$65 la libra y a RD$60 a colmados. Estos últimos la vendían a RD$70. Pero Batista se sorprendía de que otros comercios la ofertaban hasta a RD$79, siendo así como funciona el dispar mercado local de los precios de los alimentos.

En el país, alimentos que componen la canasta básica llegan caros al consumidor y sectores lo atribuyen a la participación de los intermediarios en la cadena de distribución. Aunque el Gobierno, productores y comerciantes los consideran necesarios, hace falta una regulación en los márgenes de beneficios que obtienen. Hay quienes apuntan a que ese regulador sea el mismo Gobierno.

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“Le pongo el precio que yo entienda, pero le pongo un precio razonable”, dice Batista al referirse a cuánto vende la libra de pollo en los 30 puntos de venta de su empresa intermediaria Pollos Jobalo. Combustible, sueldos, energía eléctrica, seguridad social y otros gastos operativos los distribuye en el costo de cada libra que vende.

Él sabe que hay otras granjas que ofertan el pollo vivo a RD$44 y RD$50 la libra, y esa diferencia de precios se refleja en el precio final al consumidor. “A veces nos echan la culpa a nosotros, al intermediario (de los precios altos)… Esas empresas que están vendiendo el pollo a ese precio no las controlan, que el Gobierno pudiera controlarlas”, dice.

La Junta Agroempresarial Dominicana calcula que alrededor del 85 % de los productos agropecuarios que se consumen en el país se produce localmente. Los productores, intermediarios y comerciantes venden esos alimentos en un libre mercado, donde cada quien pone el precio que más le beneficia.

Solo en el sector avícola, los intermediarios se incluyen dentro de los empleos indirectos, que la Asociación Dominicana de Avicultura estima en 90,000.

“El plátano, cuando sale de la finca, antes de llegar al consumidor final pasa por seis o siete manos, y cada quien le pone su ganancia, y ya tú puedes entender que el de menos ganancia es de donde sale, que es el productor”, indica el presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Azua, Alexis Marte.

En octubre pasado se acrecentó la queja en la población por el alto precio de un plátano. Cuando en ese mes en finca se vendía en promedio a RD$12.47 la unidad verde, grande, el minorista la tenía a RD$20 o más y el supermercado a RD$29 y hasta RD$32.

“Ahora mismo está saliendo un plátano de Azua a 16 pesos y 15 pesos. Cuándo llegue al consumidor final, llegará sobre los 30 la unidad. En tiempo de cosecha normal, el precio del plátano sale en 8 y 10 pesos”, dice Marte.

En septiembre de 2020, en promedio los productores vendían las cebollas rojas criollas en la finca a RD$32.22 la libra, pero el mayorista la aumentaba a RD$51.40, el minorista la subía a RD$67.30 y el supermercado la llevaba a RD$76.79, de acuerdo a reportes de precios que publica el Ministerio de Agricultura.

Tomas Marcano, presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, atribuye a la intermediación el comportamiento de los precios en mercados y supermercados. “Nosotros no tenemos control sobre eso, sino que hay que pagar lo que diga el mercader”, dice.

Él defiende que los productos sean más costosos en los supermercados dado los gastos de estos establecimientos en impuestos, salarios, mantenimiento de la planta física, energía eléctrica y otros.

“Obligatoriamente el supermercado tiene que tener una cierta diferencia grande entre un mercader, donde tu vas y encuentras hasta (comida)… tirada en el piso”, comenta.

La pandemia en los precios

Consumidores reportan que desde que se declaró la actual pandemia del coronavirus en marzo de 2020 —que degeneró en la declaratoria de estado de emergencia y control de la movilidad—, los precios de los alimentos comenzaron a tener una tendencia al alza. Según los datos que publica el Ministerio de Agricultura, algunos productos aumentaron más que otros.

Pavel Concepción, titular de la Asociación Dominicana de Avicultura, defiende a su sector argumentando que con el covid-19, se quedó una gran producción de pollos en la granja. “Los productores redujeron la producción porque no sabían qué hacer con los pollos; el precio se disparó”, dice. Además, se incrementaron los costos de los insumos a nivel internacional.

Eduvigis Amaro calcula que antes de la pandemia, la compra del supermercado le costaba entre RD$10,000 y RD$11,000. Ahora, por los mismos productos, puede pagar entre RD$15,000 y RD$16,000.

“Pienso que es por el alza del dólar y el efecto de la pandemia, por la baja producción, y de la gente (los vendedores) aprovechándose también”, dice la ama de casa.

A diciembre de 2020, el Banco Central de la República Dominicana reportaba que el costo de la canasta familiar en los hogares de menos ingresos era de RD$21,610.57 y en los de mayores ingresos de RD$61,192.04. El promedio nacional se ubicaba en RD$36,760.56, significando este último monto RD$176.42 más que en octubre.

Las familias de menores ingresos o pertenecientes al quintil 1, gastan el 31.2 % en alimentos y bebidas no alcohólicas; las del quintil 2, el 27.9 %; del quintil 3, el 24.9 %; del quintil 4, el 20.7 %, y los hogares del quintil 5 o de mayores ingresos el 12.9 %, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH 2018) del Banco Central.

Si se toma como referencia el quintil 1, estos hogares gastan aproximadamente RD$6,742.5 en alimentos y bebidas no alcohólicas. Quienes van a un supermercado con esa cantidad solo pueden adquirir productos básicos como arroz, habichuelas, pollo, pastas, huevos, sardinas, harina de maíz, pasta de tomate, zanahorias y otros vegetales, un poco de bacalao, aceite, algunos embutidos y arenque, entre otros productos, pero en baja cantidad.

Necesarios, pero “perjudiciales”

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, reconoce que la intermediación es necesaria porque el productor no puede asumir la distribución. “No pretendas tú que un productor que produce dos o tres quintales de yuca, por ejemplo, coja para la capital a traerla o para Santiago, para donde quiera que salga, a comercializar eso. Se le hace muy difícil por el volumen, se le hace muy costoso”, dice.

Pero, aunque apoya su participación en la cadena de distribución, también la responsabiliza de que los productos lleguen encarecidos al consumidor. “No es la intermediación que hay, sino el exceso de intermediación que hay entre el productor y el punto final del consumidor”, ha dicho. Asimismo, ha denunciado la existencia de especulación, alegando que alguien en la cadena está poniendo un margen de beneficio por encima de lo normal.

“También, hubo una mala planificación por parte de las anteriores autoridades y se registraron fenómenos naturales que han afectado la siembra como sequía, tornados y tormentas”, aseguró Cruz en el último trimestre de 2020. El funcionario es ministro de Agricultura desde hace cinco meses.

Marte, de los productores de plátanos de Azua, reporta una reducción “muy fuerte” en la salida de plátanos del campo.

“Antes diariamente salían de Azua sobre los 2.5 millones de unidades de plátanos de la finca, en estos momentos lo que debe estar saliendo es cerca de una cuarta parte”, reporta.

El Ministerio de Agricultura comenzó en los dos últimos meses del año pasado a comprar productos para venderlos en distintos sectores del país a través del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), mediante el programa Bodegas Móviles. Esto acorta la intermediación.

A través de la continuación del programa “Canasta segura”, el Gobierno se comprometió en este enero a comprar a los productores, a través del Inespre, aquellos productos sensibles de la canasta básica para venderlos a los consumidores de manera directa a través de las bodegas móviles, que son vehículos cargados de productos para venta ambulatoria.

El pasado 13 de enero, Agricultura y el Inespre también firmaron un acuerdo con productores y representantes del comercio para garantizar la seguridad alimentaria y que la cebolla, la papa, la zanahoria, el plátano, el arroz, la yuca y el ajo lleguen a la población a precio justo.

Pero tanto los productores como los intermediarios coinciden en asegurar que el Gobierno lo que debe garantizar es la estabilidad de la producción en el campo como la clave para que los precios se mantengan asequibles.

“Cuando hay abundancia o escasez, todos los márgenes de la cadena se distorsionan en contra del consumidor final siempre”, dice Concepción, titular de la Asociación Dominicana de Avicultura.

“En el caso del pollo –explica–, si hay abundancia, escasez, va a influir mucho en la intermediación, porque en el mercado se mueven tantos precios, que el intermediario coge siempre el precio más alto, aunque esté comprando en el precio más bajo”.

¿Se pueden eliminar los intermediarios?

Modificar la estructura de la cadena eliminando a los intermediarios no es una opción viable. En esto coinciden todos los sectores privados y públicos consultados.

“Son necesarios (los intermediarios) porque tenemos los pollos a las 8 de la noche, y ese pollo está picado en un colmado en Higüey al otro día”, dice Concepción. “La cantidad de gente que interviene para distribuir un camión de pollo es mucha. Es un negocio totalmente diferente al que ellos (los productores) están acostumbrados, que es producir”.

¿Cuánto costaría la libra de pollo si se quitan los intermediarios?, le pregunta Diario Libre. “Puede bajar entre un 10 por ciento, tal vez, de lo que es”, responde.

“Los intermediarios son necesarios, lo que hay es que buscar la estabilidad de la producción para que los precios, los márgenes sean mínimos”, enfatiza Concepción.

¿Esa regulación la debería hacer el Gobierno, fijar esos parámetros?, le cuestiona Diario Libre. “Es el único que puede hacerlo”, asegura.

A la pregunta de si esto no afectaría el libre mercado, el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultura, Gregory Marte, dice: “Hay muchos países con libre mercado que tienen el mecanismo del precio de referencia y lo establece el Gobierno. Estados Unidos por ley garantiza que si tú, como productor, producto de una situación imprevisible tuviste pérdida, te pagan un precio de referencia que garantiza que la diferencia de lo que debiste ganarte se te reintegra para seguir produciendo, entonces eso es lo que garantiza la estabilidad en el precio final”.

Pero Marcano, del sector detallista, considera que la solución no es establecer un control de precios, por ejemplo, por el Gobierno. “Entiendo que el problema no es el intermediario, el problema es del nacimiento, del origen. Si tenemos producción…, una tasa del dólar controlada y si no hay ruido, los precios siempre se van a mantener”, dice.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) indica que, “a pesar de que los tratados internacionales, en los cuales está suscrita la República Dominicana, donde los controles de precios están abolidos y reemplazados por la economía de la libre oferta y demanda, el Estado, a través de Pro Consumidor, tiene dentro de sus competencias la vigilancia del mercado y la obligación e intención de velar por la ciudadanía evitando la especulación de los precios”.

En ese sentido, la entidad informa que desde el pasado viernes desarrolla un operativo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional para levantar información de los precios de los principales productos de la canasta básica, para evaluar su comportamiento en el mercado “y combatir la especulación, en favor de los consumidores”.

Los productores de pollo explican que hacen alguna gestión con el Gobierno a través del Consejo Nacional de Producción Pecuaria (Conaprope). “Nos da la referencia de por dónde debemos producir, nos mide los márgenes, los costos… pero solamente nos pone el tope hacia arriba y nos da una referencia de producción, pero cuando baja el costo de producción, nadie interviene”, dice Concepción.

Con una resolución firmada el 5 de mayo de 2020 por el entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez, el Gobierno incorporó el pollo de producción local al Programa Nacional de Pignoración que aplica la Unidad Ejecutora de Pignoraciones, para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2020. “A nivel normativo, mediante resolución, sin embargo, en la práctica es el siguiente paso: aplicar”, dice Marte. “Ahí llegó el cambio de Gobierno”.

Justo el pasado lunes el presidente Luis Abinader se reunió con productores avícolas y porcicultores de la provincia Espaillat, a quienes dio garantías de que el Gobierno beneficiará con cuatro millones de libras de pollo a la población, para eliminar ineficiencias y especulaciones coyunturales en la intermediación, y fomentar la productividad y la competitividad.

El Gobierno, a través del Inespre, se comprometió a comprar a productores avícolas de Moca las cuatro millones de libras de pollo a RD$50 la libra y vender a RD$125 el ave entera a los consumidores en bodegas móviles, locales del Inespre y el Ministerio de Agricultura.

El director del Inespre entiende que se debe tratar de que “la cadena no sea extremadamente larga”. “En el sentido de que si un productor tiene una cosecha y alguien que tiene un vehículo busca esos productos y los vende, ahí el problema no es grave porque la gente, por lo general, tiene un margen aceptable; el problema es cuando pasa por dos o tres manos y le llega al colmadero, que es quién al final atiende a la población más vulnerable”, explica.

El presidente de los productores de plátanos de Azua dice que se trabaja para reducir la intermediación a través de centros de acopio en Santo Domingo y la zona este del país. Para esto, están a la espera de que se oficialice su cooperativa. “Ya de ahí en adelante, estoy seguro que nosotros vamos a cambiar esa situación”, asegura Marte.